El acuerdo para normalizar las relaciones con Israel pactado por el gobierno de Sudán bajo el auspicio estadounidense se enfrenta en el país africano a una dura oposición de partidos políticos de todo el espectro ideológico, varios de los cuales han anunciado que se plantean formar un frente para oponerse a él.
A diferencia de lo sucedido en las monarquías Emiratos Árabes Unidos y Baréin, donde no hay espacio para la disidencia, en Sudán gobiernan unas instituciones transitorias tras la caída del exdictador Omar el Bashir hace un año y medio que mantienen un precario equilibrio entre todo tipo de fuerzas políticas.
Este sábado varios partidos se han manifestado en contra del acuerdo con Israel mientras que casi ninguno le ha dado su apoyo.
«La normalización con Israel es un paso inaceptable, y el Gobierno no está autorizado a tomar tal medida con un país usurpador y racista que practica la discriminación religiosa», aseguró en declaraciones a Efe el portavoz del partido Al Baaz, Mohamed Uedaa.
El líder del islamista Al Umma, Sadiq al Mahdi, se negó a participar en una conferencia religiosa junto al vicepresidente del Consejo Soberano, Mohamed Hamdan Dagalo, en protesta por el acuerdo con Israel.
Las escasas voces que han defendido la decisión de las autoridades transitorias lo han justificado por la contraprestación de que EE.UU sacara a Sudán de su lista de países promotores del terrorismo, en la que estaba desde 1993 por las acusaciones de complicidad del régimen de Al Bashir con Al Qaeda.
SALIDA DE LA LISTA
«El gran logro es que la normalización ha sacado a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque Washington no tenía la intención de hacerlo, de lo contrario habría tomado esta decisión inmediatamente después de la revolución» contra Al Bashir, indicó el líder del Partido Republicano, Haider al Safi.
Las dos instituciones que ostentan el poder de forma transitoria tras la caída del dictador, el Consejo Soberano conformado por civiles y militares a partes iguales y el Gobierno encabezado por el primer ministro Abdallá Hamdok, sabedores de la impopularidad del acuerdo con Israel, han tratado de centrarse en este aspecto.
Además, el Gobierno ha asegurado que la normalización deberá ser ratificada por el futuro Parlamento del que deben formar parte los partidos que le dieron su apoyo, integrados en las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, una alianza de cerca de sesenta formaciones de diversos tamaños.
Según la Carta Magna pactada en agosto del año pasado entre civiles y militares como hoja de ruta hacia unas elecciones democráticas en 2022, este Parlamento debería haberse formado en un plazo de tres meses, después de sellar la paz con los grupos armados que han actuado en el país.
Sin embargo, los primeros acuerdos de paz se firmaron a principios de este mes y todavía quedan algunas facciones rebeldes activas con las que negociar, así que esa ratificación se podría retrasar indefinidamente.
FRENTE DE RESISTENCIA
A pesar de ello, partidos de todo tipo, desde comunistas a islamistas, no solo han alzado la voz contra el pacto, sino que han manifestado su intención de formar un frente de resistencia contra la normalización.
En este frente no solo se unirían algunos de los partidos que apoyaron a las instituciones transitorias, sino también el Partido del Congreso Popular, aliado de la formación Congreso Nacional del expresidente Al Bashir.
Este partido “ha dejado de lado las disputas ideológicas para unirse al bloque nacional contra la normalización”, dijo a Efe su líder, Kamal Omar Abdelsalam.
Hay otras organizaciones que sustentan a las instituciones transitorias sudanesas, como la Asociación de Profesionales, que todavía no se han pronunciado sobre este tema, pero esta oposición se suma a otras muchas dificultades que vienen confrontando el Consejo Soberano y el Gobierno desde su formación.
Además de unas complicadas negociaciones con una multitud de grupos rebeldes armados con exigencias difíciles de conciliar, se enfrenta a los intentos de desestabilización de los partidarios de Al Bashir y a las acusaciones de los opositores a este de ser permisivo con ellos.
Y el país sigue atravesando una profunda crisis económica, la misma que desató la revolución contra el exdictador, agravada en los últimos meses con la pandemia de COVID-19 y una temporada de lluvias particularmente intensa el pasado verano, que dejó más de 120 muertos y de 875.000 afectados en el país.
